Funcionarios
Canarias es la segunda comunidad autónoma con más empleados públicos en relación con su número de habitantes. El dato se publicó el domingo y suscitó un amplio debate entre los amigos que tomábamos café, la mayoría de los cuales consideraba,( por este orden) una barbaridad, un escándalo y una vergüenza tener una Administración de estas dimensiones.
Me costó convencerlos de que la Administración canaria anda justita de personal. Ahí van los datos:
Dice el INE que el Gobierno regional tiene 59.935 empleados públicos, cifra a la que hay que aplicar un factor corrector por el hecho insular, lo que situaría el número en 48.646.
A éstos hay que descontarles 836 eventuales, que entran y salen del Ejecutivo con la misma facilidad que los consejeros.
De los 47.810 restantes hay que eliminar a 11.456 que son liberados sindicales.
Nos quedarían 36.354, cifra que tampoco se ajusta a la realidad porque al menos 8.723 se encuentran de baja por lumbalgias, depresión, tendinitis y atrofiamiento de los dedos de la mano derecha.
La nada desdeñable cantidad de 5.369 empleados públicos invierte su tiempo en enviarse correos electrónicos cachondos, desayunar, jugar al solitario o hacer la compra en el supermercado de la esquina.
Con sólo 22.262 funcionarios, nos encontramos con que 12.678 conducen coches, descuelgan teléfonos, ponen sellos de registros de entrada y salida, etiquetan sobres, rellenan portafolios, cambian bombillas y arreglan ordenadores.
Hay algunos que han accedido al empleo público vía parental o vaginal, pero no cuentan porque son pocos y además no hacen nada. En definitiva, que tenemos menos de un funcionario por habitante para prestarnos una atención adecuada, lo que evidencia lo injusto de nuestras críticas a los funcionarios y al Gobierno que hacen más de lo que está en su mano por cumplir los principios de la Ley de la Función Pública: eficacia, profesionalidad, diligencia e imparcialidad.
Me costó convencerlos de que la Administración canaria anda justita de personal. Ahí van los datos:
Dice el INE que el Gobierno regional tiene 59.935 empleados públicos, cifra a la que hay que aplicar un factor corrector por el hecho insular, lo que situaría el número en 48.646.
A éstos hay que descontarles 836 eventuales, que entran y salen del Ejecutivo con la misma facilidad que los consejeros.
De los 47.810 restantes hay que eliminar a 11.456 que son liberados sindicales.
Nos quedarían 36.354, cifra que tampoco se ajusta a la realidad porque al menos 8.723 se encuentran de baja por lumbalgias, depresión, tendinitis y atrofiamiento de los dedos de la mano derecha.
La nada desdeñable cantidad de 5.369 empleados públicos invierte su tiempo en enviarse correos electrónicos cachondos, desayunar, jugar al solitario o hacer la compra en el supermercado de la esquina.
Con sólo 22.262 funcionarios, nos encontramos con que 12.678 conducen coches, descuelgan teléfonos, ponen sellos de registros de entrada y salida, etiquetan sobres, rellenan portafolios, cambian bombillas y arreglan ordenadores.
Hay algunos que han accedido al empleo público vía parental o vaginal, pero no cuentan porque son pocos y además no hacen nada. En definitiva, que tenemos menos de un funcionario por habitante para prestarnos una atención adecuada, lo que evidencia lo injusto de nuestras críticas a los funcionarios y al Gobierno que hacen más de lo que está en su mano por cumplir los principios de la Ley de la Función Pública: eficacia, profesionalidad, diligencia e imparcialidad.
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