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Nadir

Legitimidades

En los argumentarios y manuales de campaña está impreso un recurso que el Partido Popular lleva utilizando hasta la náusea en los últimos diez o doce años. A saber: el diputado, senador, ministro, consejero o dirigente del PP sube a la tribuna, toma el micrófono o se levanta de su escaño y, mirando fijamente a los bancos socialistas, les espeta: "Ustedes no tienen legitimidad moral para denunciar ninguna supuesta corrupción, ilegalidad o irregularidad". Ganaron dos elecciones generales, perdieron una; Felipe González y la dirección federal del PSOE que le acompañó desaparecieron hace una década de la escena política española. Es indiferente. El señor o señora de turno sube a la tribuna, toma el micrófono o se incorpora de su escaño y salmodia, incansable: "Ustedes no tienen legitimidad moral...". Ciertamente pueden registrarse variaciones en ese comportamiento zoológico, y no es la menos sorprendente que en el Parlamento de Canarias sea un señor como Jorge Rodríguez el que repita una y otra vez el sagrado mantra que pretende deslegitimar política y éticamente al adversario. Jorge Rodríguez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debió dimitir, pocos meses antes de celebrarse las elecciones municipales de 1999, por un asunto directamente relacionado con su gestión municipal, un oscuro y escandaloso incidente sobre el que la mayoría ha pasado piadosamente de puntillas...
Está muy bien demandar (o recordar) la presunción de inocencia. Ya puestos me pido ahora mismo una tapita de presunción de inocencia y recuerdo que me la sirvan con una cervecita bien fría de confianza en la administración de Justicia. La responsabilidad política, en cambio, es otra cosa. Durante lustros el Partido Popular consideró, discursiva y prácticamente, en sus declaraciones y en sus actos, que la responsabilidad política era una consecuencia instantánea e ineludible de cualquier escándalo judicial y que debería asumirse jerárquicamente. Según la doctrina de la dirección del PP y de su jauría periodística, esperar una sentencia judicial era poco menos que un atropello moral de todo punto inadmisible. Ahora no. Ahora se suspende la militancia de cargos y ex cargos públicos detenidos y encarcelados (faltaría más) y se exige airadamente silencio y respeto a los tribunales de justicia. Es indiferente quién seleccionara a Celso Perdomo como director general de Industria o quien decidió que Antonia Torres figurara en las listas al Ayuntamiento de Telde y al Parlamento de Canarias. José Manuel Soria no sabe nada. José Manuel Soria está sorprendidísimo. José Manuel Soria no cree que la voz de Domingo González Arroyo sea la voz de Domingo González Arroyo. José Manuel Soria paga religiosamente el alquiler a su casero, que no es otro que José Ignacio Esquivel, imputado en el caso del concurso eólico, pero responsabilidades, quita, quita. Solo faltaba eso. El clon del Führer no se mezcla con la morralla. Su Chanel no es compatible.

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