Endesa - Unelco y otras hierbas
En su rueda de prensa del pasado jueves, con la mitad de Santa Cruz y La Laguna todavía a oscuras y escuchándolo por la radio, el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, afirmó que era hora que Unelco asumiera sus responsabilidades. ¿Cuándo empezará a asumirlas su Gobierno y CC? Según el Estatuto de Autonomía, el Ejecutivo regional ostenta la competencia exclusiva en materia de energía. Y la ley del Sector Eléctrico de Canarias en su artículos cinco y seis, regula que es competencia de la administración autonómica la planificación a corto, medio y largo plazo en materia de transporte, distribución y generación eléctrica. Esta bendita ley obliga al Gobierno a elaborar la planificación energética y elevarla al Parlamento para su aprobación como norma de carácter vinculante. Ocurre, sin embargo, que la última planificación de nuestro sistema energético data de 1990, ligeramente revisada en 2001, con la advertencia de que el documento no servía para nada y que debería presentarse a la Cámara otro nuevo. Y se diseñó y se aprobó por el Gobierno todavía presidido por Román Rodríguez en abril de 2003. Pero no se ha remitido a la Cámara dos años y medio más tarde. La conclusión obvia es que no existe una planificación energética pública en vigor y que Endesa-Unelco puede invertir o no invertir lo que le plazca.
Es el Gobierno de Canarias al que le corresponde la inspección de los equipos y de las redes de transporte eléctrico, velando por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y económicas. Incluso si hubiera querido hacerlo -porque de eso se trata: de una palmaria ausencia de voluntad política y diligencia administrativa- se le hubiera complicado, porque la Consejería de Industria sólo dispone de diez funcionarios técnicos en todo el Archipiélago que pueden desarrollar labores de inspección. ¿Y las sanciones? Ciertamente en los últimos cinco años el Gobierno autonómico ha incoado expedientes sancionadores por valor de 1,7 meuros, pero hasta finales de 2003 Endesa solo había abonado 70.000 euros: poco más de un millón de las extintas pesetas. Quizás menos de lo que el señor Manuel Pizarro -presidente de la infinitamente voraz compañía eléctrica- gasta al mes en gastos de representación. El convenio suscrito entre el anterior consejero de Industria, Luis Soria, y Endesa hace año y medio ha quedado reducido a un ejercicio de papiroplexia.
No creo que sea una estupidez recordar que, cuando estaba a punto de culminar la privatización de Endesa, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta para segregar a Unelco del proceso y mantenerla como sociedad pública hasta que otros operadores pudieran optar al mercado canario en condiciones de igualdad. La propuesta fue rechazada con los votos de CC, amantísima aliada del PP y José María Aznar.
Es el Gobierno de Canarias al que le corresponde la inspección de los equipos y de las redes de transporte eléctrico, velando por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y económicas. Incluso si hubiera querido hacerlo -porque de eso se trata: de una palmaria ausencia de voluntad política y diligencia administrativa- se le hubiera complicado, porque la Consejería de Industria sólo dispone de diez funcionarios técnicos en todo el Archipiélago que pueden desarrollar labores de inspección. ¿Y las sanciones? Ciertamente en los últimos cinco años el Gobierno autonómico ha incoado expedientes sancionadores por valor de 1,7 meuros, pero hasta finales de 2003 Endesa solo había abonado 70.000 euros: poco más de un millón de las extintas pesetas. Quizás menos de lo que el señor Manuel Pizarro -presidente de la infinitamente voraz compañía eléctrica- gasta al mes en gastos de representación. El convenio suscrito entre el anterior consejero de Industria, Luis Soria, y Endesa hace año y medio ha quedado reducido a un ejercicio de papiroplexia.
No creo que sea una estupidez recordar que, cuando estaba a punto de culminar la privatización de Endesa, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta para segregar a Unelco del proceso y mantenerla como sociedad pública hasta que otros operadores pudieran optar al mercado canario en condiciones de igualdad. La propuesta fue rechazada con los votos de CC, amantísima aliada del PP y José María Aznar.
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